¿Organizaciones “sinónimo” de lucro?

Muchas ONg´s y fundaciones se crearon cuando se terminó la Mili ,la normal y la sustitutoria y organismos que se nutrían de ella, necesitaban voluntarios y profesionales. Se abrió la mano a estas asociaciones y todo valía...
Las administraciones autonómicas se vieron desbordadas, se aceptó cualquier solicitud sin tener en cuenta requisitos mínimos imprescindibles, ni la profesionalidad y especialización del personal. A partir de la Ley 5/2000 de la gestión de la protección de menores, se produce una "caza" de las adjudicaciones de centros de Protección y de Reforma. Estas asociaciones y fundaciones defienden su función social y su falta de ánimo de lucro aunque, según José Luis Calvo, de la Asociación para el Seguimiento y Apoyo a Personas Presas en Aragón (Asapa), funcionan con órganos de gobierno desproporcionados "con numerosos cargos directivos (presidente, vicepresidente, directores generales) y de las subvenciones salen los sueldos, sus coches oficiales, comidas, encuentros, etc.". Unos aseguran haber decidido dedicar sus vidas a mejorar la sociedad en la que vivimos, atendiendo de manera altruista a niños desamparados. “En la práctica -continúa Calvo- nos encontramos detrás a políticos y empresarios (banqueros y constructores)”.
En numerosas ocasiones no son más que un mero negocio. Se trata de empresas que tienen un presupuesto y han de cuadrar las cifras como objetivo primordial. El sistema de protección se ha convertido en una industria, un negocio híbrido en el que se mezclan proclamas de índole caritativa con la lógica del mercado. Según Félix Pantoja, que fue Fiscal Jefe de Menores, "La idea inicial no era permitir que se privatizaran los reformatorios. Incluimos una disposición para que algunas asociaciones de barrio colaboraran en medidas como los trabajos en beneficio de la comunidad o la libertad vigilada, pero no imaginamos que se iba a utilizar para delegar la ejecución de la privación de libertad".
Para Ignacio Campoy, profesor de Derecho de la Universidad Carlos III “Una cosa es el valor del trabajo de las ONG, de las asociaciones, y otra delegar la responsabilidad del Estado en ellas".
Javier Urra, psicólogo forense y ex Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid, sostiene que las Administraciones se han "desresponsabilizado" del problema. Todo ello ha derivado en una mala calidad del servicio.
Hay unos 11.000 menores en residencias y pisos de acogida. Enrique Martínez Reguera, psicólogo y educador con treinta años de experiencia con niños y jóvenes marginados, da algunas cifras: “El cuidado de estos niños aporta, de media, 3.800 euros por chico y mes y, si se trata de un centro público, en torno a 9.000. Uniendo a este montante las aportaciones (para desgravar de Hacienda fundamentalmente) de distintas empresas a través de sus "obras sociales", que funcionan como patrocinadoras, y las donaciones de suelo público de las comunidades, estas organizaciones acumulan pronto un importante patrimonio”.
41 entidades privadas controlan 55 de los 58 centros terapéuticos existentes. Dianova y O'Belén acumulan doce. Entre ambos gestionan cada año unos 17 millones de euros (unos cinco Dianova y cerca de doce O'Belén). Más del 90 por cien proceden del pago en concepto de servicios sociales que les aportan las Administraciones. Entre las otras 39 entidades hay de todo. Desde órdenes religiosas a una sociedad mercantil dedicada a limpieza, catering y atención social. Los centros de protección están prácticamente en manos de empresas privadas. Y los de Reforma también han dado un giro hacia la gestión privada. Baste saber que fundaciones, asociaciones y empresas dirigen más del 70 por cien. Otro dato que prueba la dinámica de privatización es que aproximadamente el 80 por cien se han puesto en marcha en los últimos diez años.
La falta organización es palpable. En ocasiones existen servicios duplicados o multiplicados con nuevos nombres y distintas concesiones de todo tipo.